El autor repasa las crisis sociales y económicas del último siglo, que desarticularon el espacio pirenaico, y nos sitúa ante el nuevo expolio que se avecina, ocasionado por la oleada de grandes embalses y la hipertrofia de las estaciones de esquí que proyecta el modelo neoliberal.
José Manuel Nicolau Ibarra/Junio, 1999
Miembro de COAGRET
En la historia reciente del Pirineo ha habido varios momentos de tensión ambiental y social que se resolvieron con una fuerte emigración y una pérdida de funcionalidad en algunos de sus ecosistemas. A finales del siglo pasado y principios del actual, la mejora de las condiciones sanitarias produjo un fuerte aumento de población, hasta 30-35 habitantes por kilómetro cuadrado, que implicó una fuerte presión sobre el medio: deforestación por roturaciones, artigueo, sobrepastoreo. Se construyeron las primeras presas que proporcionaron salarios, y la emigración -temporal o definitiva a América y estacional a Francia- fué un mecanismo efectivo de regulación de la crisis.
El desarrollismo español de los años 60 y 70 fue el acontecimiento que llevó al hundimiento a la vieja civilización pirenaica en uno de los episodios de despoblación más formidables de Europa. Desde el punto de vista ambiental, la inundación de los fondos de valle y la alteración del régimen natural de los grandes ríos por la construcción de grandes embalses, el abandono de los cultivos en ladera y las plantaciones masivas de pinares en el flysch y en el Prepirineo y el abandono de los pastos en los puertos fueron las principales consecuencias negativas.
Se perdió la identidad y, en una sociedad más abierta, al Pirineo se le asignó el papel de espacio de ocio para los habitantes de las grandes ciudades próximas (en torno al esquí) y de depositario de infraestructuras: grandes embalses, gaseoducto, línea de alta tensión. Esta asignación de funciones se realizó sin una planificación previa, ni la estimación del nivel de tolerancia ecológica del macizo, ni la participación social de los vecinos de la montaña.
Los años 80 y 90 fueron años de resistencia frente a proyectos que todavía no contaban con una base de financiación sólida y el suficiente consenso político: Jaca 98 -aunque sí que implicó una notable actividad urbanística-, la Ciudad del Ocio en Santa Cruz de la Serós, los grandes embalses: Campo, Yesa, Jánovas, Biscarrués, el gaseoducto, la línea de alta tensión, el cementerio nuclear de Los Pintanos. Proyectos que se sobreimponían a las directrices territoriales del Pirineo, que finalmente no fueron aprobadas, y cuya valoración ambiental nunca se ha realizado de forma conjunta y global. No hay que olvidar en este periodo la crisis social y ambiental de Sabiñánigo-Inquinosa.
En el momento actual, con preponderancia de las ideas neoliberales, estabilidad política autonómica y nacional y disponibilidad de dinero privado y público para realizar inversiones, la puesta en práctica de dichos proyectos aparece como mucho más real y los controles ambientales, la planificación pública y la participación social más disminuidos.
En efecto, el desarrollo del sector de la nieve parece que va a ser intensísimo con la ampliación de Formigal, el proyecto de Canfranc-Canal de Izas, la pista de esquí de fondo de Tramacastilla, las estaciones de Chistau y Bielsa. Todo ello sin planificación -no hay un Plan de la Nieve aprobado- ni evaluación ambiental.
Por otro lado, el pacto del agua-libro blanco, pretenden el recrecimiento de Yesa, Biscarrués, Jánovas y Santa Liestra, como piezas clave del trasvase del Ebro al Mediterráneo. Pese a que la falta de rentabilidad económica de los supuestos regadíos que generarían está demostrada, pese a que son obras innecesarias según el Plan Nacional de Regadíos del P.P. y pese a la grave desvertebración social y ambiental que supondrían para las comarcas pirenaicas, desde diversos sectores se está presionando mucho para su construcción. El presidente de Aragón, don Santiago Lanzuela, con interés en ofrecer un logro electoral a sus votantes, está liderando un frente de intereses del que forman parte las compañías eléctricas, las constructoras (con Acesa a la cabeza) los regantes aragoneses (que nuncan regarán sus tierras, pero aspiran a ser aguatenientes y revender sus concesiones a los regantes levantinos y murcianos) los grandes partidos estatales que tienen grandes intereses electorales en la Comunidad Valenciana y Murcia y hasta los sindicatos de clase con su recuperación de pueblos abandonados colgando. Al final resulta que la clase dirigente de Aragón está a favor del trasvase, porque para todos ellos supone un negocio.
¿Y el Pirineo? Al Pirineo se le arrebata un recurso cuya concesión se otorga a unos regantes “aragoneses” para que puedan hacer negocio con la reventa de su concesión a los regantes del mediterráneo. Y el Pirineo ha de alojar las grandes infraestructuras necesarias para el trasvase con las consecuencias que ello tiene para el medio ambiente y la sociedad. Ambas iniciativas, las estaciones de esquí y la construcción de embalses, junto con otras menores -minicentrales- traerían una tercera crisis ambiental y social del Pirineo, de consecuencias difíciles de prever.
Y, entre tanto, la alternativa basada en la explotación sostenida de los valores ecológicos y de los recursos, sigue sin tomar cuerpo. Y no sólo porque nuestros dirigentes son incapaces de verla, sino también porque nosotros estamos tardando mucho en imaginarla.
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