ROLDE DE ECOLOGIA DE CHUNTA ARAGONESITA
Angel Marco Barea y Chabier de Jaime Loren
Teruel, mayo de 1998.
Tener que recordar, una vez más, al Gobierno de Aragón el V PROGRAMA DE ACCION DE LA COMUNIDAD EUROPEA, que
propugna el desarrollo sostenible, a un año del final de la legislatura, no solamente indica los retrocesos en política
medioambiental de nuestra comunidad, alejándose del cumplimiento del art. 45 de la Constitución, desarrollado por la
Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre e, incluso, de la propia legislación autonómica,
la Ley de Espacios Protegidos de Aragón –aprobada recientemente en estas Cortes por el rodillo PAR/PP-, sino una vez más refleja
la falta de Ordenación Territorial y olvido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón que, como indica en su preámbulo,
fue concebida en sentido amplio, de conformidad en la Carta Europea, “como la expresión espacial de las políticas económicas, social, cultura
y ecológica de toda la sociedad, contituyendo la Ordenación del Territorio una de las áreas de actuación de los poderes
públicos más claras e importantes en orden a conseguir un uso y disfrute equilibrado y óptimo del territorio y de sus recursos
naturales, compatible con su protección y mejora y, en definitiva a proporcionar una adecuada respuesta a los deseos sociales
de elevar la calidad de vida, individual y colectivamente”.<7p>
Las actuaciones del Gobierno de Aragón presentan un abanico de contradicciones entre sus Consejerías. En el plazo de un mes,
mientras el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente incluye como zona de interés comunitario siguiendo las directrices de la Directiva
Hábitats- a la Sierra de Javalambre, el Departamento de Presidencia habilita 500
millones para ampliación de las pistas de esquí e, inmediatamente, desde Ordenación del Territorio se le da, a través de Comisión
Provincial de Ordenación Territorial y haciendo oídos sordos a la recomendación de la ponencia técnica, vía libre para iniciar la obra.
La protección de Javalambre y Valdelinares, dos montañas mediterráneas albergan endemismos floristicos y relictos botánicos como el pino moro (Pinus uncinata) del Monegro, ha sido reivindicada por diversos foros tanto científicos como sociales y tanto nacionales como internacionales. Esta singularidad y la fragilidad de estas cimas montañosas han tenido fiel reflejo en los Estudios de Impacto Territorial que desde la Administración de Aragón se han realizado dentro de los respectivos expedientes de legalización, desarrollo y ampliación de las pistas de esquí que se localizan en sus cimas, pero cuyas conclusiones se han sacrificado en pro del “desarrollo”.
La política del Gobierno de Aragón, independiente del signo político que ha regido, ha mantenido el objetivo de tapar las irregularidades producidas a lo largo del tiempo en estos lugares para instalar –con permisos o sin ellos- unas pistas de esquí. Tras la legalización de las instalaciones ha continuado con autorizaciones de ampliación de instalaciones suprimidas en el proceso de autorización de aprobación del proyecto inicial para presentar este con un menor impacto ambiental. El Gobierno se ha olvidado con gran irresponsabilidad asumir y cumplir los compromisos adquiridos en las condiciones dadas a la aprobación de los proyectos; hoy, se echa en falta no sólo hoy la no-declaración de una reserva natural del pino moro, sino el que todavía no se haya iniciado la Aprobación de los respectivos PLANES DE ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES de Gúdar y Javalambre, que planifiquen y definan las actuaciones a desarrollar en estas Sierras como garantía de su conservación. Claro está que si el PORN, como tantos otros informes de la administración realizados en estas sierras, debe salir con calzador para que quepan todas las actuaciones, que las mentes iuluminadas de estas sierra prometen, es posible que no se logre con él el objetivo programado para su realización.
Hemos de reconocer que la puesta en marcha de estas estaciones de esquí,
ha supuesto un reclamo para un turismo masivo, que por sus objetivos y
comportamiento no es deseado que vague por áreas sensibles de la sierra
y en ese sentido la presencia de aquellas ha sido positiva en la ordenación
del mismo, ello ha permitido mantener la infraestructura hotelera
asentada en localidades de tradición valenciana como Alcalá
de la Selva o Manzanera. No obstante, fijándonos en
datos estadísticos de las Comarcas de Gúdar y Javalambre,
el devenir de estas no ha
sufrido cambios significativos con relación al resto de
las comarcas turolenses sin pistas de esquí, y ello con un claro
signo negativo en datos de población que no nos permite ser
optimistas.
El alto índice de dinero publico invertido en estos proyectos de esquí, requieren la elaboración de auditorias que definan el grado de rentabilidad del esfuerzo que la sociedad aragonesa esta haciendo al destinar a esos fines parte de su presupuesto, abandonando otros programas de desarrollo más equilibrados con el entorno. Requerimos no sólo una explicación del Gobierno de Aragón justificando estas inversiones y la falta de cumplimiento de programas de conservación medioambiental, sino también el retraso en la elaboración del PORN. Sería interesante la creación de una Comisión en Las Cortes de Aragón que analizase la justificación de las protestas desde sectores sociales a la política de desarrollo seguida en estas montañas turolenses en torno a las estaciones de esquí.
Aedenat-Ecofontaneros
Mayo, 1998.
La organización ecologista AEDENAT ECOFONTANEROS condena y deplora
la explosión de tres ingenios nucleares en una remota región
al oeste de Pakistán, sólo dos semanas después de
que se produjeran las pruebas nucleares
subterráneas de su vecino, la India.
Los esfuerzos diplomáticos occidentales no han servido para frenar la escalada nuclear en Asia. Primero fue la India y ahora Pakistán quienes en una escalada infernal son capaces de ponerse al más alto nivel de locura y dilapidar sus fondos en preparar armas nucleares, mientras buena parte de sus poblaciones vive en la miseria.
Pakistán ha respondido con estas pruebas a la aplastante lógica de lo ilógico y, en lugar de frenar la carrera absteniéndose de mejorar sus armas nucleares, se lanza alegremente a ella y responde a la India, provocando un peligroso aumento de la inestabilidad en Asia.
El Ministro de Asuntos Exteriores pakistaní ha declarado que, en la presenta situación, su país se verá obligado a distanciarse de sus antiguos aliados durante la guerra fría y realizará un creciente acercamiento a China. Por su parte, EE. UU. y Gran Bretaña han amenazado a Pakistán con sanciones económicas. Estas podrían ser muy eficaces puesto que sus reservas económicas alcanzan unos mil millones de dólares, mientras que su deuda externa a corto plazo (en los próximos tres meses) puede ascender a entre 5 y 6 mil millones de dólares.
Pakistán está ahora en disposición de instalar cabezas nucleares en sus misiles de largo alcance y de transportar estos mismos ingenios en su escuadra de aviones F-16.
Tanto las pruebas nucleares pakistaníes como las indias han ocasionado una contaminación radiactiva del subsuelo que puede durar miles de años. durante este tiempo podrían ocurrir fenómenos geológicos o cambios del régimen de aguas del subsuelo que hagan que la radiactividad acabe por salir al exterior.<7p>
La solidaridad desinteresada ha ganado, por una vez, la batalla al mercantilismo, y ello ha levantado las iras de los exportadores españoles, que se sienten defraudados por el hecho de que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional que se tramita actualmente en el Senado reduce el papel de las empresas en la ayuda al desarrollo en favor de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
El Club de Empresas Exportadoras Españolas ya ha hecho llegar sus quejas a la Administración, y, en concreto, a los dos departamentos implicados en el asunto, el Ministerio de Economía (también de Comercio) y el de Asuntos Exteriores.
Están en juego los 200.000 millones de pesetas que destinó el año pasado España a auyda al desarrollo (el 0,26% del PIB), que en buena medida fueron canalizados a través de cientos de empresas nacionales, lo que les ha permitido introducirse en mercados a los que de otra manera no habrían accedido.
Los exportadores se las prometían felices con el proyecto de ley remitido por el Consejo de Ministros al Parlamento, ya que en ese texto legal se mantenía la prevalencia de Economía sobre Exteriores a la hora de articular y diseñar la política de ayuda al desarrollo.
Sin embargo, durante la discusión del proyecto de ley en el Congreso han cambiado las tornas. El Partido Popular cambió de opinión en aras de lograr un mayor consenso parlamentario y social, ya que, aunque las ONG siguen poniendo reticencias a la futura ley, sus demandas se han visto parcialmente satisfechas. Las ONG tendrán más que decir en el Consejo Consultivo de Cooperación, y los créditos FAD estarán sujetos a programas de ayuda humanitaria y no meramente mercantiles
El proyecto de ley remitido al Senado desde el Congreso establece, en concreto, que la ayuda al desarrollo deberá ser coherente con los principios y objetivos de la cooperación, al mismo tiempo que se habla de programas de ayuda no reembolsables, prestando más atención «a los países pobres especialmente endeudados».
Es decir, que prima la cooperación para el desarrollo en lugar de la utilización de las ayudas y subvenciones como canal de entrada de los exportadores españoles en los países en desarrollo. Esta ha sido la práctica habitual en los últimos años, principalmente a través de los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo).
Los exportadores españoles aseguran que «durante los últimos años la internacionalización de la empresa española ha sido posible, en gran medida, gracias a los Fondos de Ayuda al Desarrollo, que han permitido que un gran número de pymes hayan podido participar en proyectos y desarrollos conjuntos, transfiriendo capital y tecnología», afirma Balbino Prieto, presidente del Club de Empresas Exportadoras.
Belén Reyes Guitian (EL MUNDO)
Las ONG mantienen una postura firme desde que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional comenzó a elaborarse: la ayuda española debe destinarse principalmente a la erradicación de la pobreza. El texto del proyecto recoge este principio y modifica la aplicación de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, uno de los instrumentos más denostados por las ONG.
En un principio, el proyecto de ley establecía que uno de los objetivos de la ayuda española debía ser el impulso de las relaciones económicas con los países en vías de desarrollo. Tras las últimas enmiendas, queda subordinado a la erradicación de la pobreza, algo que ha sido acogido con optimismo por las ONG.
Igualmente subordinados quedan los créditos FAD -préstamos reembolsables-, que las ONG han criticado por dos razones: una, porque se trata de ayuda que aumenta la deuda externa de los países receptores, que se ven así más ahogados todavía, porque gran parte de sus recursos se gastan en pagar los intereses de la deuda. La otra razón es que suponen negocio, es decir, que no son estrictamente ayuda, sino que dan la posiblidad de que las empresas españolas lleven a cabo proyectos en países en vías de desarrollo que son a su vez pagados por el dinero que España prestó a esos mismos países. En resumen: Economía presta una cantidad, que es invertida en pagar a empresas españolas, y además cobra los intereses del préstamo.