BOREAS NATURAL
LOS GRUPOS ECOLOGISTAS ARAGONESES ANTE LA CREACIÓN DEL INAGA
Los grupos ecologistas aragoneses abajo firmantes manifestamos que:
Una de las tradicionales reivindicaciones del movimiento ecologista es la existencia de órganos de gobierno encargados de diseñar y desarrollar políticas y normativas medioambientales, como es el Ministerio de Medio Ambiente en el Gobierno central o el correspondiente Departamento de Medio Ambiente en los gobiernos autonómicos. El objetivo es que el medio ambiente tenga el mismo rango o peso político que los demás ministerios o departamentos y que se practique una política medioambiental de forma trasversal.
Los grupos ecologistas venimos demandando el control y la gestión pública del medio ambiente como la mejor garantía para la conservación y el uso racional de los recursos naturales. Aragón fue una de las últimas Comunidades Autónomas en contar con un Departamento de Medio Ambiente y se consiguió tras una fuerte presión social como consecuencia de varios casos graves de actuaciones contra el medio ambiente como fueron la grave contaminación de la empresa INQUINOSA de Sabiñánigo o la afección al medio natural de la Urbanización Cumbres del Moncayo, entre otros, que puso en evidencia los graves riesgos de la falta de política ambiental.
Más de 18.000 firmas de aragoneses y aragonesas promovieron la primera Iniciativa Legislativa Popular en España, para exigir la creación del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y asentar así una verdadera política medioambiental basada en la transparencia y la participación social.
En estos momentos el Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha propuesto la creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) con el fin de reducir la acumulación de expedientes pendientes de resolver que existe en su departamento.
Ante este hecho hacemos las siguientes consideraciones:
Las competencias en Medio Ambiente han estado en las últimas legislaturas en manos de un mismo partido político con lo cual alguna responsabilidad tendrá éste en el retraso de la gestión y en la acumulación de expedientes. Deben exigirse responsabilidades políticas por la deficiente gestión que ha llevado a esta situación al Departamento, situación que contrasta con la celeridad con la que se tramitaron los expedientes de EURORESIDUOS en la legislatura pasada y que costó el cese del Director General de Calidad Ambiental.
Ese presunto volumen de expedientes no se ha cuantificado comparándolo con el existente en otros departamentos de la DGA o en otros organismos e, incluso, en otras consejerías equivalentes en las diferentes comunidades autónomas. No olvidemos que el aumento de normativa, de tareas y exigencias tiene ámbito europeo y, por tanto estatal, es decir, que el supuesto aumento de volumen de trabajo afecta razonablemente a todas las comunidades autónomas.
Hay que tener en cuenta que en la tramitación de expedientes intervienen múltiples administraciones (ayuntamientos, Confederaciones Hidrográficas…) que imponen a los procedimientos unos plazos inevitables que el INAGA no puede acortar.
La nueva legislación en materia de aguas, residuos y espacios naturales ha multiplicado el número de expedientes pero dicha legislación es consecuencia de la aplicación de directivas europeas con amplios plazos de entrada en vigor, con lo cual algo o bastante responsabilidad tendrán los gestores del medio ambiente aragonés en no adoptar a tiempo las medidas necesarias, poniendo en evidencia una clara falta de previsión.
El previsto INAGA no es un instituto para gestionar un tema concreto (agua, residuos...) sino que supone el vaciado del Departamento de Medio Ambiente, lo que puede suponer el paso previo a su eliminación.
La creación de un instituto conllevará una serie de gastos duplicados derivados indefectiblemente a su nacimiento como:
- Alquiler, compra y adecuación de locales donde ubicarse
- Dotación de equipos, muebles, ordenadores y vehículos.
- Diseño de logotipo, impresión de papel, impresos y sobres con membrete y todo lo referente a imagen institucional.
- Campañas divulgativas de promoción del propio ente.
- Contratación de asesores.
El INAGA es una fórmula en desuso. Hace algunos años comunidades como Asturias, Andalucía, Madrid o País Valenciano crearon agencias de medio ambiente siguiendo el modelo anglo-sajón de la US-EPA, la agencia norteamericana de medio ambiente, que en realidad es un ministerio. Hoy en día aquellas agencias han dejado de existir y se han convertido en Consejerías o Departamentos de medio ambiente. Ninguna Comunidad Autónoma tiene institutos genéricos como el que se pretende crear.
El INAGA rebaja el nivel de rigor y exigencia de los controles de calidad ambientales, así como el control público de la gestión ambiental.
Las modificaciones introducidas al silencio administrativo en la tramitación de los expedientes así como en el responsable de emitir determinadas autorizaciones nos parece gravísimo y supone una amenaza para el medio ambiente y la seguridad de las personas. En un anexo fijamos los cambios que proponemos como imprescindibles.
Es por todo ello por lo que rechazamos la creación del denominado INAGA, solicitamos la retirada del Proyecto de Ley y proponemos:
- La cobertura de vacantes en la Consejería de Medio Ambiente con el fin de completar el organigrama de la misma.
Introducir mejoras en la gestión, para evitar burocracia y acumulación de volumen de papel impreso, racionalizando e informatizando los procedimientos administrativos y exigiendo a los particulares la entrega de datos a la administración en soporte informático.
La regulación de un sistema de tasas por servicios prestados que permitiera al Departamento de Medio Ambiente una fuente de ingresos suplementaria, lo que permitiría mejorar o incrementar los recursos humanos y materiales.
- La puesta en marcha de Planes de Acción concretando las prioridades y el calendario de actuación e impulsando medidas transversales en los departamentos de Economía, Obras Públicas, Industria y Turismo, etc.
En Zaragoza a 13 de diciembre de 2003
ANSAR ECOLOGISTAS EN ACCIÓN